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Con la expedición y aplicación de las órdenes de aprehensión, giradas la semana pasada en contra de los ex presidentes municipales acusados de peculado; tenemos un acto político con grandes inferencias y replanteamientos del gobierno actual. No se trata de resaltar los hechos como un acto mediático, para eso están los adoreros y vividores de los medios; que generalmente no manejan con objetividad los acontecimientos.
Preciso, no englobo no generalizo en mi opinión a los medios del estado o del país; pues, conozco históricamente a muchas plumas posicionadas que garantizan una interpretación objetiva y de gran calidad mediática. Por lo tanto, tratare de puntualizar algunos detalles que no se deberán dejar pasar a la ligera en los casos de peculado.
Los legisladores
En el caso de la responsabilidad legislativa, parece que habrá mano firme. Pues en palabras del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Dip. Flavino Ríos Alvarado, las ordenes de aprehensión datan desde el 2004; pasando por las del 2008 y 2009. Generando entre los acusados una probable confianza; pues pensaban que la autoridad correspondiente no iba a actuar. Sin embargo, la justicia los alcanzo y algunos andan huyendo. Lo cual significa, que los poderes en Veracruz están actuando.
Sin embargo, existen algunas dudas en la aplicación de las ordenes; pues se están llevando a cabo con municipios “morralleros”; tanto política como economicamente. Desde nuestro punto de vista, nos parece que se debe de dar el beneficio de la duda las autoridades judiciales. Ya que estamos viviendo nuevos tiempos y momentos de nuestra paupérrima política. La realida interpela en forma imperativa. El estado no aguanta mas.
Pendientes
Es una exigencia de las instituciones políticas y religiosas para que se llegue a fondo en el caso que estamos reflexionando; tanto los diputados, cámaras de comercio e iglesias; piden abierta y categóricamente que no se deje de aplicar la justicia.
Entre los municipios fuertes que deben ser castigados estan los siguientes. Rio Blanco, con Raúl vera Aguilar; acusado por daño patrimonial de 75 millones de pesos, la ex Presidente de Álamo Temapache, Blanca Batalla, acusada por peculado de 61 millones 762 mil pesos. Otro muy significativo, es el caso de Córdoba donde el “angelito” de Juan Lavín con 54.5 millones. Terminando la lista de “rateritos” con el ex presidente de Catemaco, Jorge Azamar; a quien se le acusa de llevarse a sus bolsillos 41 millones de pesos.
Epilogo
¿Que tanto impactara este tipo de acciones en el reciente gobierno del Dr. Javier Duarte de Ochoa?
Jesús Moreno Frías
31-01-2011
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