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lunes, 25 de abril de 2011

GOBERNACION NO SANCIONA A CURAS


GOBERNACION NO SANCIONA A CURAS
                                         Por Helí Herrera Hernández
                                               Twitter:HELIHERRERA.es
         Hugo Valdemar Romero Ascensión es el vocero de la Arquidiócesis de México. Tiene el grado de doctor en Filosofía y fue maestro en innumerables seminarios, que como todos ustedes saben, son instituciones educativas clericales donde se forman sacerdotes en la doctrina cristiana.
         Desde que llego al cargo que ostenta, permanentemente opina sobre temas de trascendencia nacional, sin embargo la mayoría de las veces lo hace en relación a declaraciones u acciones emprendidas por el gobierno del Distrito Federal, por los partidos de la revolución democrática, el PT o Convergencia, o contra grupos sociales de pensamientos social demócrata o de izquierda.
         Precisamente el año pasado, el presbítero manifestó a los medios de comunicación que el Partido de la Revolución Democrática  “”es una amenaza para la familia””, por avalar los matrimonios gay, a través de sus legisladores en la asamblea de representantes en el Distrito Federal, y por tal razón hizo un llamado a “”todos los mexicanos para que no voten por ese partido político””.
         Como respuesta a semejante disparate del vocero de la Arquidiócesis, el PRD presento a través de su representante en el Instituto Federal Electoral una denuncia contra este sacerdote por haber violado el artículo 29 fracción primera de La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que a la letra dice “”los ministros religiosos deberán abstenerse de realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos””.
          El Instituto Federal Electoral determino turnar el expediente a la Secretaria de Gobernación >por ser la entidad pública encargada de vigilar que los representantes de las iglesias en México se ciñan a las leyes nacionales<, pero el partido del sol azteca se inconformo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque a su juicio, el IFE no determino si el presbítero había violado la ley. El TRIFE ordeno en consecuencia al Instituto Federal Electoral reponer el procedimiento y determinar lo que el PRD le exigía: un señalamiento claro sobre si Valdemar era un delincuente electoral o no.
         El órgano electoral determino a favor del PRD y volvió a turnar su resolución (ahora ya condenando al vocero de la Arquidiócesis de violador a la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), a la Secretaria de Gobernación, solicitándole además una sanción contra Hugo Valdemar Romero Ascensión, pero la dependencia >en un claro quiebre a sus obligaciones constitucionales< se negó aplicarle sanción alguna a este sacerdote católico, limitándose afirmar que “”le corresponde a las autoridades electorales castigar las violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuanto que la sanción era por violar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público cuya observancia le corresponde al secretario de gobernación.
         Independientemente que tanto el IFE como el PRD ya interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una denuncia por inejecución de sentencia, la verdad es que este caso ha servido para demostrar como las actuales autoridades federales, pertenecientes al partido (de) acción nacional, protegen a delincuentes de cuello blanco o negro,  y no aplican por igual la Ley.
         Se han encargado de demostrar que antes que cumplir con el mandamiento constitucional esta su obediencia a una iglesia, a sus representantes en México y el extranjero (no olvidar que Felipe Calderón ya se apunto para ir a la beatificación de Juan Pablo Segundo, ese papa que protegió y defendió al pederasta michoacano Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo, cuyas atrocidades contra niños están debidamente registrados en infinidad de libros y declaraciones ministeriales, relatadas por los propios vejados por ese sacerdote, pero que nunca le importaron a Juan Pablo Segundo quien con sus influencias y amistades impidió que la justicia le cayera encima a este pedófilo, sin olvidar la protección que también le dio al criminal Augusto Pinochet).
         Mientras a la inmensa mayoría de compatriotas nos imponen la ley a secas, a los curas el gobierno federal los envuelve con un manto protector y los hace impunes a sus violaciones a las leyes nacionales.
         Pero claro, al final de cuentas, la iglesia católica tan solo le esta cobrando los favores a don Felipe Calderón, por quien se pidió desde los púlpitos y a través de sus órganos oficiales de difusión el voto pora que fuera presidente de la república, sumándose aquella campaña emprendida por los medios de comunicación de que Andrés Manuel López Obrador era “”un peligro para México””.
         ¡¡Sea por dios, y venga más!!

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