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domingo, 15 de enero de 2012

NINGUNA INMUNIDAD A ZEDILLO

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                                         Por Helí Herrera Hernández

                                               plazacaracol@hotmail.com

                                               Twitter:HELIHERRERA.es



            El 22 de diciembre de 1997 un grupo de paramilitares del grupo denominado Máscara Roja incursionó en la zona dominada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los altos de Chiapas, y ataco a indígenas Tzotziles  de la Organización “”Las Abejas”” que se encontraban orando en el interior de una pequeña y rústica iglesia, asesinando brutalmente a 45 personas incluidos niños y mujeres embarazadas.



         Era presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León y Procurador General de la República Jorge Madrazo Cuellar, quienes al conocer el suceso y sin mediar investigación profesional sentenciaron que la masacre se debió a los conflictos étnicos que se registran en el Estado de Chiapas, tratando de desviar la atención nacional e internacional sobre grupos de paramilitares o guardias blancas que el gobierno del presidente Zedillo permitió que se crearan y actuaran con toda impunidad para combatir al EZLN, y cuyo principales líderes estaban relacionados directa o indirectamente con los altos mandos del Partido Revolucionario Institucional de aquel sureño Estado.



         “Mascara Roja” era uno de los 10 grupos paramilitares que actuaban con toda libertad en Chiapas, y como prueba de esa libertad esta precisamente la masacre de Acteal efectuada a escasos 200 metros de un retén de la policía estatal, donde sus integrantes no escucharon ni vieron nada la noche de la matanza, a pesar que los peritajes realizados posteriormente al gobierno Zedillista arrojan que el tiroteo duro más de siete horas, que fueron más de 90 los paramilitares que activaron sus armas y que los gritos de niños y mujeres, así como el rafagueo de las balas eran escuchados a más de 500 metros de distancia.



         Debido a la presión internacional el gobierno Zedillista decidió conformar una Fiscalía Especializada que investigara los hechos que, como usted comprenderá, realmente opero cuando Ernesto Zedillo concluye su mandato y cuya resolución fue “”….El jefe del Poder Ejecutivo y otro altos funcionarios  son responsables por el crimen de 45 personas indígenas….”” Documento que sirvió de base para que el Bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess con sede en Miami, interpusieran el 16 de septiembre del año pasado una demanda civil contra Ernesto Zedillo Ponce de León ante una corte de distrito del Estado de Connecticut, Estados Unidos, donde reside hoy el exmandatario mexicano, ya que afirman tenía “”Responsabilidad de Mando””, en su calidad de comandante supremo  de las Fuerzas Armadas, por ordenar, participar y conspirar en le ejecución de la masacre y su posterior encubrimiento.



         Pero no solo Zedillo esta acusado en esa denuncia. También lo están el actual diputado federal priísta Emilio Chuayffet, en aquel entonces Secretario de Gobernación; el exprocurador general de la república Jorge Madrazo Cuellar, así como el exgobernador del estado de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, quienes conspiraron para encubrir su responsabilidad en la masacre.



         Tan pronto trascendió la denuncia contra el expresidentes Zedillo por crímenes de guerra y de lesa humanidad y admitida ésta en la Corte de Distrito del Estado de Connecticut, el propio exmandatario exigió al Poder Judicial norteamericano INMUNIDAD LEGAL por su posición de Expresidente de México a fin de no ser juzgado como cualquier otro ciudadano y, cosa extraña, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México >Léase en representación del actual ejecutivo federal Felipe Calderón Hinojosa< se apuro también a enviar una nota diplomática al gobierno del presidente Barak Obama exigiendo lo mismo: INMUNIDAD TOTAL para el expresidente de México, en una extraña simbiosis PAN-PRIANISTA, que muchos de ustedes dirían que de extraña ya no tiene nada después de ver en los 11 años de gobierno federal del PAN donde testificamos que no hay diferencia alguna entre los actos de gobierno de unos y otros.



         No es el caso en este artículo redescubrir la nula diferencia que hay entre los hombres fuertes del PRI y del PAN, de sus actos de gobierno que son idénticos; no. De lo que se trata hoy es el de exigir que no exista un solo mexicano que tenga frente a la ley estados de excepción, es decir, que no se le apliquen las leyes a él por que fue Presidente, gobernador o procurador de justicia. Al contrario, por haber sido altos funcionarios tuvieron la obligación de ser ejemplo en la adaptación de todos sus actos al espíritu de las normas, del marco constitucional.



         LA IMPUNIDAD que hoy grita como plañidera Ernesto Zedillo y que la exige Felipe Calderón para con el expresidente, es precisamente la fuente de todo cuanto le ocurre y sucede hoy a México y los mexicanos.



         Por esa IMPUNIDAD hoy se han rebasado los 50 mil asesinatos en las calles del país; por esa IMPUNIDAD han huido decenas de miles de compatriotas del país para buscar refugio en otras partes; por esa IMPUNIDAD tenemos hoy al hombre más rico del mundo y más de 80 millones de mexicanos que viven en la pobreza y miseria, con menos de dos dólares al día; por esa IMPUNIDAD el duopolio televisivo nos envenena todos los días con programas estúpidos que nos ha enfermado la mente y torpedeado el raciocinio; por esa INPUNIDAD tenemos a políticos ladrones que siguen actuando todos los días sin ocultar el rostro y las riquezas mal habidas.



         Es la hora que se lleve a cuentas aunque sea en territorio ajeno al primer expresidente corrupto, ladrón y vende patrias como lo fue Zedillo, que recibe salarios estratosféricos de las compañías a las que favoreció con la venta de los ferrocarriles nacionales, por mencionar solo un caso.



         Como a Pinochet, aquel dictador chileno, hoy le toca ya al pueblo de México ver justicia contra un expresidente que llego además al poder cargado de una mancha de sangre del que fuera el candidato oficial priísta Luis Donaldo Colosio. Por eso y Por los 45 indígenas de Acteal Chiapas ZEDILLO DEBE PAGAR y no debe brindársele mas IMPUNIDAD de la que ya ha gozado y desfrutado desde que dejo el poder.

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