Por Helí Herrera Hernández
Twitter:HELIHERRERA.es
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de paramilitares
del grupo denominado Máscara Roja incursionó en la zona dominada por el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los altos de Chiapas, y ataco a
indígenas Tzotziles de la Organización “”Las
Abejas”” que se encontraban orando en el interior de una pequeña y rústica
iglesia, asesinando brutalmente a 45 personas incluidos niños y mujeres
embarazadas.
Era
presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León y Procurador General de la República Jorge
Madrazo Cuellar, quienes al conocer el suceso y sin mediar investigación
profesional sentenciaron que la masacre se debió a los conflictos étnicos que
se registran en el Estado de Chiapas, tratando de desviar la atención nacional
e internacional sobre grupos de paramilitares o guardias blancas que el
gobierno del presidente Zedillo permitió que se crearan y actuaran con toda
impunidad para combatir al EZLN, y cuyo principales líderes estaban
relacionados directa o indirectamente con los altos mandos del Partido
Revolucionario Institucional de aquel sureño Estado.
“Mascara
Roja” era uno de los 10 grupos paramilitares que actuaban con toda libertad en
Chiapas, y como prueba de esa libertad esta precisamente la masacre de Acteal
efectuada a escasos 200
metros de un retén de la policía estatal, donde sus
integrantes no escucharon ni vieron nada la noche de la matanza, a pesar que
los peritajes realizados posteriormente al gobierno Zedillista arrojan que el
tiroteo duro más de siete horas, que fueron más de 90 los paramilitares que
activaron sus armas y que los gritos de niños y mujeres, así como el rafagueo
de las balas eran escuchados a más de 500 metros de distancia.
Debido a
la presión internacional el gobierno Zedillista decidió conformar una Fiscalía
Especializada que investigara los hechos que, como usted comprenderá, realmente
opero cuando Ernesto Zedillo concluye su mandato y cuya resolución fue “”….El jefe del Poder Ejecutivo y otro
altos funcionarios son responsables por
el crimen de 45 personas indígenas….”” Documento que sirvió de base para
que el Bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess con
sede en Miami, interpusieran el 16 de septiembre del año pasado una demanda
civil contra Ernesto Zedillo Ponce de León ante una corte de distrito del
Estado de Connecticut, Estados Unidos, donde reside hoy el exmandatario
mexicano, ya que afirman tenía “”Responsabilidad
de Mando””, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por ordenar, participar y conspirar en le ejecución de la masacre y su
posterior encubrimiento.
Pero no
solo Zedillo esta acusado en esa denuncia. También lo están el actual diputado
federal priísta Emilio Chuayffet, en aquel entonces Secretario de Gobernación; el
exprocurador general de la república Jorge Madrazo Cuellar, así como el
exgobernador del estado de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, quienes conspiraron
para encubrir su responsabilidad en la masacre.
Tan
pronto trascendió la denuncia contra el expresidentes Zedillo por crímenes de guerra y de lesa humanidad y admitida ésta en la Corte de Distrito del
Estado de Connecticut, el propio exmandatario exigió al Poder Judicial
norteamericano INMUNIDAD LEGAL por su posición de Expresidente de México a fin
de no ser juzgado como cualquier otro ciudadano y, cosa extraña, la Secretaría de
Relaciones Exteriores del Gobierno de México >Léase en representación del
actual ejecutivo federal Felipe Calderón Hinojosa< se apuro también a enviar
una nota diplomática al gobierno del presidente Barak Obama exigiendo lo mismo:
INMUNIDAD TOTAL para el expresidente de México, en una extraña simbiosis
PAN-PRIANISTA, que muchos de ustedes dirían que de extraña ya no tiene nada
después de ver en los 11 años de gobierno federal del PAN donde testificamos
que no hay diferencia alguna entre los actos de gobierno de unos y otros.
No es el
caso en este artículo redescubrir la nula diferencia que hay entre los hombres
fuertes del PRI y del PAN, de sus actos de gobierno que son idénticos; no. De
lo que se trata hoy es el de exigir que no exista un solo mexicano que tenga
frente a la ley estados de excepción, es decir, que no se le apliquen las leyes
a él por que fue Presidente, gobernador o procurador de justicia. Al contrario,
por haber sido altos funcionarios tuvieron la obligación de ser ejemplo en la
adaptación de todos sus actos al espíritu de las normas, del marco
constitucional.
Por esa
IMPUNIDAD hoy se han rebasado los 50 mil asesinatos en las calles del país; por
esa IMPUNIDAD han huido decenas de miles de compatriotas del país para buscar
refugio en otras partes; por esa IMPUNIDAD tenemos hoy al hombre más rico del
mundo y más de 80 millones de mexicanos que viven en la pobreza y miseria, con
menos de dos dólares al día; por esa IMPUNIDAD el duopolio televisivo nos
envenena todos los días con programas estúpidos que nos ha enfermado la mente y
torpedeado el raciocinio; por esa INPUNIDAD tenemos a políticos ladrones que
siguen actuando todos los días sin ocultar el rostro y las riquezas mal
habidas.
Es la
hora que se lleve a cuentas aunque sea en territorio ajeno al primer
expresidente corrupto, ladrón y vende patrias como lo fue Zedillo, que recibe
salarios estratosféricos de las compañías a las que favoreció con la venta de
los ferrocarriles nacionales, por mencionar solo un caso.
Como a
Pinochet, aquel dictador chileno, hoy le toca ya al pueblo de México ver
justicia contra un expresidente que llego además al poder cargado de una mancha
de sangre del que fuera el candidato oficial priísta Luis Donaldo Colosio. Por
eso y Por los 45 indígenas de Acteal Chiapas ZEDILLO DEBE PAGAR y no debe
brindársele mas IMPUNIDAD de la que ya ha gozado y desfrutado desde que dejo el
poder.
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