La difusión de las llamadas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, obtenidas a través de espionaje telefónico, representa el escalamiento del conflicto del Presidente con los gobernadores. Hay una reedición de lo que ocurrió con Vicente Fox; los presidentes panistas, al cuarto año de su gobierno, no aceptan la posibilidad de alternancia; el objetivo de antes fue López Obrador, ahora es Peña Nieto.
La promoción de las alianzas para los comicios de 2010 no fue un accidente, sino un diseño que tenía como objetivo al Estado de México. En la cúpula del PAN asumían que contaban con el apoyo implícito o explícito del senador Beltrones, también interesado en defenestrar al gobernador del Estado de México. Abonaron sus palabras de condena en ocasión del convenio que suscribieron Beatriz Paredes y César Nava de no realizar alianzas en el Estado de México, su rechazo no estaba dirigido al PAN, sino a la dirigencia de su partido y a Peña Nieto.
Usufructuar el espionaje, por su ilegalidad, es un tema comprometedor para medios, pero, sobre todo, para autoridades. A finales del año pasado, un enemigo de los gobernadores del PRI estuvo a punto de difundir las llamadas de un mandatario tricolor promoviendo la aprobación de la Ley de Ingresos, según lo reveló el columnista Salvador García Soto. El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, también recurrió al espionaje telefónico para echar del cargo al secretario Luis Téllez. Antes, Roberto Madrazo se valió del espionaje para eliminar las expectativas presidenciales de Arturo Montiel, como años antes, también desde el grupo de Madrazo, se hizo difundir las llamadas de la profesora Gordillo, en el afán de desacreditarla ante sus correligionarios diputados, lo que llevó a su salida de la coordinación parlamentaria del PRI.
El caso del gobernador de Veracruz no guarda precedente porque es el mismo dirigente del partido gobernante el difusor de las llamadas obtenidas a través de espionaje. Se agrega que el mismo presidente Calderón haya utilizado políticamente el contenido de lo ilegalmente obtenido. En cualquiera otra parte, el escándalo sería el espionaje telefónico y César Nava sería obligado a revelar el autor del delito de espionaje, él no es un periodista para invocar la protección de sus fuentes.
Al margen de Peña Nieto, llama la atención la lenta respuesta del PRI. Parece no darse cuenta de lo que está de por medio: es la declaración de guerra del Presidente y del dirigente del PAN hacia ellos y sus gobernadores. No es un tema de legalidad, puesto que se han valido del espionaje; es la lucha cruda por el poder y, lo que es más preocupante, la evidencia, tal como sucedió hace seis años, de que la Presidencia de la República es el origen de la polarización y uso partidario de las instituciones públicas, exactamente igual que con el desafuero de López Obrador.
El PRI enfrenta su mayor amenaza. Ocurre a unas semanas de la elección de julio. La embestida difícilmente modificará las preferencias que se han consolidado en la elección de Veracruz, pero dos elementos judiciales entran en juego: el uso de la Fepade contra los gobernadores y crear un ambiente propicio para presionar al Tribunal Electoral hacia la anulación de las elecciones, sin importar que lo que ocurre en Veracruz no es muy distinto a lo que sucede en Tlaxcala o Zacatecas.
En amplia perspectiva, la suerte del PRI y sus candidatos es lo de menos. Lo más preocupante es la pérdida de la imparcialidad por el gobierno nacional, que la sucesión anticipada lleve nuevamente a la polarización y al enfrentamiento, particularmente cuando existe una agenda de temas fundamentales que requieren de acuerdo plural o asuntos como la inseguridad, que obliga a un marco de entendimiento y colaboración entre todos los poderes y autoridades.
¿Se habrá dado cuenta el PRI que de no actuar podrá llevar a un grave deterioro de la situación política nacional? Hay quienes le apuestan a la descomposición, en eso están López Obrador y Manlio Beltrones. Es sumamente preocupante que en la desesperación por lo que se avecina en el frente electoral, la Presidencia se incorpore a tal apuesta.
¿Se habrá dado cuenta el PRI que Gómez Mont ha dejado de ser un interlocutor confiable? El secretario de Gobernación requiere del aval del Presidente y de su grupo cercano. Los señalamientos de traición por la renuncia a la militancia panista lo han llevado a una situación de subordinación política y personal a los duros en el gobierno panista; todo puede esperarse de él.
Es fundamental para el bien del país que el gobierno nacional se mantenga al margen de la disputa electoral. La guerra a muy pocos beneficia. Gobernadores y presidente deben pactar la imparcialidad. Autor: Federico Barrueto. // Fuente informativa: Milenio.com // Fecha: Domingo: 20-Junio-2010.
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