Más tardó el Departamento de Defensa de Estados Unidos en condenar la difusión de miles de informes clasificados sobre la guerra de Afganistán en Wikileaks -un sitio web dedicado a divulgar documentos filtrados con contenido sensible en materia religiosa, corporativa o gubernamental, provistos por fuentes anónimas-que lo que demoró éste en subir a internet un misterioso archivo cifrado que contendría otro conjunto de evidencias sobre abusos de las fuerzas armadas estadunidenses.
El Pentágono había exigido a Wikileaks "entregar inmediatamente" los documentos que aún tuviera en su poder, luego de publicar más de 77 mil de ellos, en los que se daba cuenta de estrategias militares y operaciones de inteligencia en Afganistán, el 25 de julio.
Poco después, la organización subió a su página un archivo denominado insurance (seguro), mucho más grande que cualquiera de los anteriores (1.4 GB o la cuarta parte de lo que cabe en un DVD), suficiente para contener los cientos de miles de cables diplomáticos sobre la guerra de Irak que el analista de inteligencia militar Bradley Manning habría filtrado a Wikileaks de acuerdo con la revista Wired.
Nadie sabe con precisión qué contiene el archivo insurance. Los voceros de Wikileaks se han negado a dar detalles al respecto, aunque se especula que sería el "seguro" que Wikileaks habría creado en caso de que el gobierno de Estados Unidos emprendiera alguna acción para impedir que se siguieran dando a conocer los documentos.
Bruce Schneier, experto en seguridad informática, describió en su blog que el archivo insurance está protegido por un sistema de cifrado de alto nivel, el cual resulta incluso difícil de determinar. "Podría ser AES256, podría ser Blowfish o podría ser OpenSSL", en referencia a tres de los sistemas más seguros del mundo. "Pero podría ser otro".
En todo caso, abundó el también especialista James Bamford, el sistema utilizado sólo podría ser descifrado por las supercomputadoras que únicamente posee la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo cual hace pensar que "o se trata de un conjunto de documentos de contenido altamente embarazoso o un señuelo para probar las capacidades de la NSA".
Lo cierto es que el Pentágono respondió con mucha más virulencia a la aparición del nuevo y misterioso archivo. Geoff Morell, vocero del Departamento de Defensa, dijo que "la publicación, por parte de Wikileaks, de un gran número de documentos ya ha puesto en peligro a nuestros soldados, nuestros aliados y los ciudadanos afganos que trabajan con nosotros; la difusión de nueva información clasificada sólo puede agravar la situación".
Y agregó, en tono de amenaza: "Pedimos (a Wikileaks) hacer lo que parece justo. Si hacer lo que es justo no es suficiente para ellos, buscaremos maneras de convencerlos de hacer lo que parece justo".
Una parte de esta historia comenzó con las filtraciones realizadas por Manning, un joven analista de inteligencia militar que trabajaba en Irak. A él se debe que el mundo haya podido conocer el video conocido como Asesinato colateral, que mostraba cómo la tripulación de un helicóptero estadunidense disparó sobre un grupo de civiles -el 12 de julio de 2007, en Bagdad-entre los que había niños, así como dos empleados de Reuters.
Manning también descargó a su computadora personal miles de cables diplomáticos clasificados, entre otros documentos. Después se puso en contacto con el conocido hacker Adrian Lamo y le relató por un sistema de mensajería lo que había hecho.
De acuerdo con el relato, Manning se había desencantado de la invasión estadunidense en Irak cuando sus superiores le habían pedido que investigara a un grupo de periodistas iraquíes que denunciaban actos de corrupción en el gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki. El soldado se inconformó por la orden, pero recibió una reprimenda.
Enterado de los hechos, Lamo entregó los mensajes a autoridades estadunidenses, quienes abrieron una investigación penal en contra del militar.
Mientras se realizaba la pesquisa, Manning estuvo detenido en una base estadunidense en Irak. El 5 de julio fue acusado de violar el Código de Justicia Militar estadunidense y enviado a un centro de detención en Quantico, Virginia, en espera de ser juzgado. Podría ser condenado a 52 años de prisión en caso de que se le encuentre culpable.
La moraleja de esta historia, que está aún lejos de terminar, es que no todas las faltas son iguales. En ocasiones, para que la sociedad conozca actos de corrupción o delitos de lesa humanidad ha sido necesario que se violen algunas leyes y ha habido individuos dispuestos a correr el riesgo de ir a la cárcel con tal de que se dé a conocer información oculta.
En semanas recientes, algunos lectores y usuarios de Twitter me han preguntado si encuentro una contradicción entre nuestra negativa de dar a conocer información sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos -filtrada, presuntamente, por los propios secuestradores- y la revelación de las conversaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en las que éste revelaba de un interés y una operación personales para favorecer a candidatos de su partido mediante el uso de recursos públicos.
"¿No teme haber incurrido en una apología del delito?", me preguntó un tuitero, refiriéndose a la decisión de dar a conocer las conversaciones de Herrera, filtradas a nuestro diario, después de haber sido colocadas en Internet, y que fueron grabadas por una persona (o personas) que desconocemos.
La pregunta es válida, por supuesto, y ésta no es la primera vez que utilizo esta Bitácora para referirme a decisiones editoriales.
Para comenzar, considero que las grabaciones de las conversaciones de Herrera y la foto y la carta de Fernández de Cevallos son de naturalezas totalmente distintas.
El secuestro del político era un hecho ya conocido, al que los documentos presentados por el periodista José Cárdenas -aun si se probara que son reales- no agregaban información alguna de interés público y, en cambio, como escribí la semana pasada, resultaban humillantes para la víctima del secuestro.
Por su parte, las grabaciones daban cuenta de una posible conducta ilícita del gobernador -que aún deberá investigarse, aunque no veo a autoridad alguna haciendo el trabajo que debería realizar al respecto-, como es el uso del dinero del contribuyente con motivos facciosos. Es decir, en Veracruz hubo aparentemente un mal uso del erario, pero también una perversión del proceso electoral. y el público no estaba enterado o, cuando menos, no a ese grado.
Es posible, como han sugerido algunos, que haya existido espionaje político detrás de la grabación de las conversaciones de Herrera -como también que el gobernador tuviera un registro de sus propias conversaciones, aunque no hay evidencia de ninguna de las dos cosas-, pero esa discusión es sustancialmente menos importante que dar a conocer una situación que afecta el derecho de los ciudadanos de que los recursos que contribuyen al erario se usen bien y su voto sea respetado.
Ante el interés público, hay hechos que palidecen. Para mí, en este caso, como en el de las revelaciones hechas por Wikileaks, la apología del delito consiste en no dar a conocer la información que uno conoce. Fuente informativa: Excelsior.com.mx // Autor: Pascal Beltrán del Río. // Fecha de publicacion: Domingo 08-Agpsto-2010.
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